La gobernanza ASG del BCIE se sustenta en un marco sólido de políticas que guían su compromiso con la sostenibilidad y la equidad. En el centro de esta estructura se encuentran la Política de Sostenibilidad y la Política de Equidad de Género, que establecen los principios rectores para integrar consideraciones ambientales, sociales y de género en todas las operaciones del Banco. Estas políticas reflejan el compromiso institucional con el desarrollo inclusivo, resiliente y responsable, y constituyen la base sobre la cual se construyen las estrategias y herramientas de implementación
La Política de Sostenibilidad del BCIE establece los lineamientos y el marco de acción necesarios para garantizar que tanto sus operaciones financieras como sus actividades internas se desarrollen de manera ambiental y socialmente responsable. Su objetivo principal es asegurar que el accionar del Banco contribuya activamente a la reducción de emisiones de carbono y al fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático, promoviendo así un desarrollo sostenible e inclusivo en la región
La Política de Equidad de Género del BCIE es un instrumento institucional que establece los lineamientos para integrar de manera transversal el enfoque de equidad e inclusión de género en todas sus operaciones, procesos internos y relaciones externas. Su implementación permite al Banco promover el desarrollo sostenible e inclusivo en la región, contribuyendo activamente a cerrar las brechas de género y asegurar igualdad de oportunidades para todas las personas
Para traducir sus políticas en acciones concretas, el BCIE ha desarrollado estrategias específicas que aseguran su aplicación efectiva en todos los niveles de la organización. Estas estrategias definen metas claras, mecanismos de seguimiento y criterios de evaluación que permiten medir el progreso hacia los objetivos de sostenibilidad y equidad. Además, promueven la transversalización de los enfoques ASG en la toma de decisiones, fortaleciendo la cultura organizacional y fomentando una gestión proactiva de riesgos y oportunidades
El BCIE implementa su compromiso con la sostenibilidad a través de un conjunto de herramientas técnicas y operativas que permiten identificar, prevenir y gestionar los riesgos ambientales y sociales asociados a sus operaciones
El SIEMAS es el principal instrumento del Banco para la gestión de riesgos ambientales y sociales en el ciclo de proyectos. Desde las etapas tempranas, permite:
El sistema integra criterios alineados con salvaguardas internacionales y estándares reconocidos en materia de: Derechos humanos, Equidad de género e inclusión social, Salud y seguridad y Cambio climático y resiliencia
De esta manera, el BCIE asegura que cada intervención financiada contribuya al desarrollo sostenible y gestione adecuadamente sus posibles impactos
Las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales adoptadas por el Banco y aplicadas en el marco del SIEMAS están alineadas con estándares y buenas prácticas internacionales, tales como los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI/IFC); los Principios del Ecuador, y las Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial. Estas normas son de cumplimiento obligatorio para las contrapartes del Banco y constituyen un requisito fundamental en la evaluación, aprobación y ejecución de las operaciones financiadas
El BCIE cuenta además con un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), que regula la gestión ambiental y social a nivel institucional. Este sistema establece lineamientos internos para la identificación y mitigación de riesgos; promueve la mejora continua del desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG), e integra la sostenibilidad de manera transversal en las operaciones, procesos internos y en la administración de las instalaciones del Banco
El MAQRAS ofrece un canal imparcial, accesible y transparente para que las partes interesadas puedan presentar inquietudes o reclamos relacionados con los impactos ambientales y sociales de los proyectos financiados por el BCIE. Este mecanismo fortalece la rendición de cuentas; la debida diligencia en materia de derechos humanos y la legitimidad y aceptación de las operaciones en los territorios donde se implementan
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