En el siglo XXI, el acceso a la información se ha convertido en una herramienta fundamental para el progreso y bienestar social de las naciones. La relevancia del conocimiento público abierto no solo radica en la facilidad con la que cualquier persona puede allegarse de información útil y de calidad, sino en la capacidad para utilizar tal información como una vía que atienda las necesidades de las personas y la sociedad, generando así un bien público que produce valor compartido. En este espacio, reflexionamos sobre cómo el avance tecnológico ha democratizado el también llamado derecho a saber y enlistaré algunas de las maneras en que los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden mejorar las políticas públicas en la materia para promover el bienestar social.

En la era digital, el avance tecnológico ha desencadenado una democratización sin precedentes en el acceso a la información. Para muestra, el Reporte Digital 2023 señaló que, para octubre del año pasado, más de 5 mil 300 millones de personas en el mundo (aproximadamente 65.7% de la población) utiliza internet, siendo el buscar información (60.1%) la razón principal para utilizarlo. De esta manera, la información se convierte en el motor que impulsa el bienestar individual y colectivo, fomentando la competitividad económica, la inversión para la innovación y el desarrollo sostenible, así como el empoderamiento ciudadano para participar en los procesos democráticos (elecciones), gestionar de mejor manera las situaciones de emergencia y tomar decisiones informadas.

Afortunadamente, un alto número de países en el mundo (135, de conformidad con el Informe de la UNESCO de 2022 Sobre el Acceso Público a la Información) han reconocido la importancia de la transparencia y el acceso a la información, adoptando legislaciones y garantías estatutarias que resaltan la necesidad de que existan órganos y mecanismos de supervisión independientes para asegurar su efectividad y cumplimiento. Sin embargo, nuestra coyuntura actual, caracterizada por el avance y penetración de la digitalización, nos enfrenta a desafíos no menores que incluyen la ampliación de las brechas de desigualdad, la polarización social y la proliferación de la desinformación, las noticias falsas y la propaganda. En este contexto, resulta crucial que los gobiernos evolucionen hacia un enfoque donde las políticas de acceso a la información trasciendan el simple cumplimiento legal, para centrarse en el aumento del bienestar de la sociedad mediante el acceso, consulta y uso de la información. ¿Cómo puede apuntalarse ese cambio de ruta? Aquí algunos apuntes:

a. Facilitando la Obtención de Información: El primer paso hacia un conocimiento abierto y útil es garantizar que todos los sectores de la población tengan mecanismos que les faciliten el acceso a la información. La implementación de licencias de uso/código abierto emergen como una estrategia efectiva para facilitar el aprovechamiento y la reutilización de datos e información, fomentando así la creatividad, los procesos de cocreación y la innovación en toda la sociedad. Asimismo, los gobiernos deben asumir un papel proactivo al proporcionar información adecuada, verdaderamente útil y beneficiosa para la sociedad. Al hacerlo, se evitan procesos burocráticos largos y engorrosos para localizar información valiosa, facilitando una toma de decisiones informada y eficiente.

b. Sensibilización y Capacitación: Construir una cultura sólida de transparencia y acceso a la información requiere la participación e involucramiento activos, tanto del sector público como del privado. En ambos sectores, es necesario combinar estrategias que permitan desarrollar un enfoque integral que promueva la sensibilización efectiva y la construcción de capacidades (como el caso del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI, en México). Para ello, es necesario combinar distintas acciones, con la colaboración de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, que pueden incluir: el diseño de campañas, talleres, seminarios dirigidos a personas servidoras públicas y empleados del sector privado en el que se utilicen casos prácticos que destaquen la importancia y utilidad de este derecho humano. 

c. Alfabetización Mediática e Informacional (AMI): El Informe de Riesgos Globales 2024 del Banco Mundial, destacó que la información errónea y la desinformación emergen como el riesgo global más grave previsto para los próximos dos años. En ese sentido, el desarrollo de habilidades de AMI representa una piedra angular para asegurar un entorno digital más confiable, seguro e inclusivo, en donde la sociedad pueda comprender y discernir información, reduciendo la propagación de rumores y noticias engañosas, así como de las brechas que relegan a ciertos sectores de la población de las bondades del mundo virtual.

d. Atención a Sectores Vulnerables: La equidad en el acceso a la información requiere un enfoque específico en sectores vulnerables de la sociedad. Ello implica dejar atrás la lógica de que los avances normativos facilitan solamente las labores de las personas funcionarias públicas, y transitar hacia el despliegue de instrumentos y mecanismos que atiendan las necesidades específicas de diferentes grupos, desde niñas y niños en edad escolar hasta mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y personas indígenas.

En la construcción de conocimiento abierto y útil, se revela un compromiso con el bienestar de la sociedad en la era digital. Al enfocarnos en la accesibilidad, reutilización y comprensión de la información, los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden liderar el camino hacia una sociedad más informada, participativa y resiliente. En esta encrucijada, trabajemos juntas y juntos para edificar un futuro donde el conocimiento sea el campo fértil para el desarrollo sostenible, el fortalecimiento democrático y la prosperidad de nuestra región.