Directores de Costa Rica, República Dominicana y Panamá ante el BCIE suman esfuerzos para promover el Acuerdo de Escazú
• La promoción del Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe también cuenta con el respaldo de la CEPAL.
San José, 25 de marzo de 2022.-En el marco de la IV Cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia conformada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana, realizada el lunes para definir líneas de acción en temas relacionados a finanzas, comercio exterior y apoyo multilateral, las Direcciones de los tres países ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprovecharon para firmar un compromiso para promover el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
A inicios de este mes la inicitiava también contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con quien el BCIE firmó un memorándum de entendimiento para realizar acciones promoción entorno al tratado internacional conocido como Acuerdo de Escazú.
En esa línea, los representantes de los gobiernos ante la multilateral se comprometieron a: hacer un levantamiento conjunto de prioridades junto con la CEPAL para apoyar las áreas de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en temas ambientales; impulsar el avance y promoción de los objetvios del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado por 24 países en marzo del 2018 con la finaldiad de alcanzar una recuperación transformadora con igualdad ,tomando en consideración el cambio climático .
El compromiso adquirido por las Direcciones de los tres países va en línea al eje estratégico del BCIE de Sostenibilidad Ambiental del BCIE mediante el cual la multilateral promueve la aprobación de programas y proyectos que atiendan la necesidad de preservar el medio ambiente, así como que sus actividades operativas sean ambiental y socialmente sostenibles, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono y al fomento de la resiliencia al cambio climático.
